La banca recibió el contrato definitivo que regulará los primeros 20.000 millones en avales para préstamos facilitados por el ICO. El objetivo es dar liquidez para atender a los gastos fijos de autónomos, pymes y grandes empresas y evitar que cierren a pesar de que sus ingresos se hayan desplomado por la Covid-19. El Gobierno ha puesto severas condiciones para que la banca no traslade al cliente el coste del aval.
El Gobierno ha metido presión a la banca para que cumpla y antes del verano coloque préstamos con los 100.000 millones de avales. Según fuentes financieras, 100.000 millones es la cantidad que el sector presta y refinancia en solo tres meses. Los destinatarios son los afectados por la caída de sus negocios por la pandemia o los que han sufrido un ERTE. El Estado cubrirá la morosidad, si llega, desde el 80%, para los pequeños clientes, al 60% en el caso de las grandes.
Apoyo a pymes
El primer paso son los 20.000 millones que se asignarán definitivamente esta semana. La cuantía, sin detalle, ya la conocen la banca. La mitad de lo recibido en cada banco se destinará empresas, y el otro 50% a autónomos y a pymes. Se entiende por pymes las que tengan menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a 50 millones o un balance que no llegue a los 43 millones.
El ICO ha distribuido el dinero según la cuota de mercado del crédito destinado a no hogares, según una clasificación del Banco de España. Con este sistema, el Instituto de Crédito pretende que cada banco se centre en su cartera de clientes y no haga ofertas agresivas o precipitadas para robar cuota de mercado a la competencia, según fuentes bancarias que piden el anonimato. No obstante, sí que será habitual que las empresas pidan avales a varios bancos porque se trata de cuantías elevadas.
Por eso, a ninguno de los bancos consultados les parece difícil acabar esta línea en abril. Los tres grandes, Santander, CaixaBank y BBVA tienen en conjunto casi el 45% de la cuota en empresas. Su actitud marcará la pauta en el mercado, pero no han querido hacer comentarios sobre los avales, más allá de asegurar su interés por financiar a sus clientes en dificultades.
Economía y el Banco de España vigilan
Las entidades son muy conscientes de que el Banco de España y el Ministerio de Economía están vigilando de cerca su actuación. Las autoridades no quieren ningún escándalo con los clientes, y por eso en el contrato del ICO se especifica que los bancos no pueden cobrar a los clientes el coste del aval. El Gobierno ha establecido que cobrará por los avales entre 0,20 puntos y 1,20 puntos, dependiendo del tipo de cliente.
Otro de los aspectos en los que insiste el Gobierno es que los bancos no pueden colocar aprovechando los avales productos propios a los clientes, como seguros de vida, tarjetas o cualquier otro asociado al crédito.
Además, el ICO ha dejado muy claro que no pueden refinanciar créditos morosos del pasado con los avales del Estado. Las refinanciaciones deben ser para problemas surgidos por la pandemia, no anteriores a esta crisis. Fuentes financieras apuntaron que si un banco refinancia créditos malos de antes de la Covid-19 y el cliente entra en morosidad, el ICO revisará el expediente y no avalará la operación. En el contrato se concreta que el cliente no podrá ser avalado si ha sido moroso antes del 17 de marzo o si ha estado en concurso de acreedores. E incluso va un paso más allá: el ICO no quiere que se amortice un crédito viejo anticipadamente para, a continuación, dar otro nuevo bajo estas garantías del Estado.
Fuentes gubernamentales sostienen que el uso de estos avales obligará a las entidades a mantener las líneas de circulante que tuvieran abiertas a sus clientes hasta el 30 de septiembre. También añaden estas fuentes que no se permitirá la competencia agresiva entre bancos y que el verdadero objetivo del Gobierno es que la liquidez llegue a las pequeñas y grandes empresas garantizando el empleo.
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Fuente: ElPais.com