Tras años de ajustes para cuadrar cuentas sacudidas por la crisis, España vuelve a mostrar números rojos: el agujero del conjunto de las Administraciones públicas escaló hasta los 32.882 millones en 2019, un 8% más con respecto al año anterior.
Se trata del primer incremento desde 2012, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tuvo que pedir un rescate a Bruselas para salvar al sector financiero. Las comunidades autónomas son las que más han engordado sus números rojos, mientras que los Ayuntamientos cerraron el año con superávit, pero redujeron su margen respecto al ejercicio anterior.
Los números en las cuentas públicas se situó en el 2,64% del PIB en 2019, según la estadística publicada esta semana por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra supone un crecimiento con respecto al año anterior, tanto en términos absolutos como porcentuales y un incumplimiento de lo pactado con Bruselas.
La ampliación del déficit el año pasado, cuando España salió del brazo correctivo de la UE en el que acabó en 2009 por tener los números rojos disparados, se explica a la vez por un aumento del gasto y por la imposibilidad de ampliar ingresos. Los fallidos intentos de aprobar unos nuevos presupuestos impidieron al Ejecutivo sacar las nuevas figuras fiscales que tenía previsto implementar, y que de acuerdo con sus cálculos aportarían casi 6.000 millones adicionales a las arcas públicas.
Lejos de los objetivos
Esta merma en los ingresos potenciales tampoco se compensó con una reducción del gasto. Al contrario, el Gobierno aprobó una subida del sueldo de los funcionarios, la actualización de las pensiones y tuvo que devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad después de que le obligara el Tribunal Supremo.
Este cóctel causó que los gastos crecieran por encima de los ingresos y del PIB nominal, que tampoco representó la palanca que el Gobierno se esperaba. El año pasado, el PIB avanzó un 2%, una cifra notable en comparación con los países del entorno, pero que supone el ritmo de crecimiento más bajo desde 2014 y por debajo de las previsiones oficiales.
Ahora, con el Pacto de Estabilidad congelado y en plena emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, España intenta presionar a Bruselas para que acepte una suerte de mutualización de la deuda sin tener los deberes del todo hechos. Aunque el déficit se haya situado el año pasado por debajo del 3% marcado por las reglas europeas, el país no ha logrado hacer el esfuerzo suficiente para sanear sus cuentas.
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Fuente: ElPais