Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que componen más del 98% del tejido empresarial español hacen un balance negativo de la gestión económica que está realizando el Gobierno de la crisis del coronavirus.
En la séptima semana de confinamiento que ha obligado a la mayoría de ellas a paralizar su actividad suspendiendo el empleo de sus plantillas a través de regulaciones temporales y afrontando tensiones de liquidez, consideran que el goteo de medidas que a su vez corrigen medidas previas ha sumido los negocios en la incertidumbre. “La gestión del Gobierno no es eficiente, apenas hay certezas y certidumbres ni para la desescalada del estado de alarma ni para la concesión de avales”, explica Gerardo Cuerva, el presidente de la patronal que agrupa a las pymes.
Cuerva apunta así en la misma dirección que también señaló Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), al reprochar al Gobierno “la ineficacia” a la hora de contar con los recursos y materiales de protección necesarios frente al coronavirus, lo que ha provocado “parte del retraso” en la desescalada.
El peso de los pequeños y medianos empresarios en la economía española es abrumador. En términos de empleo sus centros de trabajo albergan el 70% del empleo y, presentes en prácticamente todos los sectores, generan entre el 65 y 70% del PIB. recientemente creada por los países de la moneda única.
Tras la absorción del impacto por el estado de alarma el pasado mes de marzo con la tramitación de más de 500.000 Expedientes de Regulación Temporal de de Empleo (ERTE) que han afectado a 4,2 millones de trabajadores, los empresarios consideran que no hay tiempo que perder a la hora de pactar un plan a medio plazo.
Reactivar la economía
Como representante de las pymes, Cuerva propone situar las empresas en el centro del plan de recuperación. “Para una parte del Gobierno -apunta en alusión al Ministerio de Trabajo- lo único relevante es la relación del Estado con los trabajadores olvidándose del resto del sistema”.
“No pueden expirar con una fecha concreta de calendario porque la economía, simplemente no funciona así”. Cuerva denuncia que la herramienta de los ERTE “se ha adulterado”. “Con una facturación del 30% de lo que tenían en la primera quincena de marzo, las empresas no pueden mantener la plantilla que había y si se las obliga acabarán quebrando y se perderá todo el dinero invertido en sostener a empresas y trabajadores en estos dos meses”.
Lo urgente, sin embargo, son las condiciones en las que las empresas que puedan regresar a lo actividad lo hagan con las mayores garantías posibles. Los problemas de liquidez llegan por la dificultad de acceso a la línea de avales abierta por el Gobierno y a retrasos en el pago de la Administración a proveedores por reglas como el techo de gastp de los ayuntamientos.
En la organización de pequeñas y medianas empresas se hace una valoración especial de la coordinación que está realizando el Ministerio de Industria con sindicatos y empresarios para trabajar el retorno a la actividad con protocolos que bajan al detalle. No obstante, su conclusión, en lo referido a un retorno sin garantías de abastecimiento de EPIs es que, antes de incurrir en un grave riesgo laboral, debe ser el Gobierno el que se haga cargo de facilitar las mascarillas. “No se puede hacer responsable a las empresas de algo que no pueden cumplir”, sostienen.
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Fuente: ElMundo.es