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SEPE: No devolver cobros ERTE conlleva a penalización

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha activado este mes la maquinaria para reclamar los cobros indebidos del Erte.

Aplicará en aquellos beneficiarios que hayan percibido un importe mayor del que les corresponde o que hayan seguido cobrando la prestación cuando ya no correspondía.

De no cumplir con el plazo de devolución, el SEPE recargará en un 20% el importe a devolver.

El SEPE da 30 días para devolver el importe de más que haya sido ingresado por error si agotado el plazo no se ha registrado la devolución.

Esto cuando no se ha podido compensar con el siguiente cobro o no se ha solicitado el fraccionamiento del pago.

“Se emitirá la correspondiente certificación de descubierto por la que se inicia la vía de apremio”, una vía que conlleva el 20% de recargo sobre el importe del cobro indebido.

Según avisa en su página web sobre el procedimiento de reclamación, si la devolución no queda registrada y después se es beneficiario o beneficiaria de prestaciones por desempleo.

Así “se procederá a realizar la compensación del cobro indebido con la prestación, independientemente de que se le haya concedido el aplazamiento o fraccionamiento”.

Es decir, en ese caso el siguiente cobro se verá mermado para compensar el ‘extra’ percibido con anterioridad.

En el caso de los beneficiarios que hayan decidido fraccionar la devolución (hay casos en los que se trata de una mensualidad completa) también habrá que pagar un recargo, pero del 3,75%.

“En la solicitud de fraccionamiento -que no podrá superar los 60 meses- deberá justificar los importes mensuales a devolver por sus circunstancias sociolaborales, mediante exposición de su situación económica, circunstancias personales y la garantía para su devolución”, explica el SEPE.

¿Y si no se está de acuerdo con la reclamación?

Puede darse que la reclamación sea producto de algún error en la tramitación; se han registrado algunos casos en los que el importe reclamado excede al pago recibido o no se corresponde con la realidad del expediente.

En el caso de que el beneficiario haya recibido la comunicación del SEPE y no esté de acuerdo con el cobro indebido que se le adjudica.

Se “podrá presentar alegaciones ante la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el plazo de 10 días desde que recibió la comunicación”, según queda recogido en la web del organismo público.

El escrito deberá indicar los hechos y las razones en las cuales basa su disconformidad, ya sea en relación con el período del cobro indebido, con la cantidad reclamada o bien con la causa misma de la suspensión, extinción o revisión que ha originado ese cobro indebido.

El SEPE deberá contestar expresamente a la reclamación previa en el plazo de 45 días.

“En caso de no resolver la reclamación en el plazo indicado, esta se entenderá denegada por silencio administrativo, lo que le permitirá la presentación de demanda ante la jurisdicción social”.

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Fuente: Eleconomista.es

"Madrid, Spain - April 2, 2013: closing time in a Spanish market hall - old lady having a chat with a booth owner - most stalls are already closed"

Pandemia arrasa con 90.000 empresas

La pandemia del Covid-19 ha terminado provocando la asfixia de muchas empresas, especialmente de medianas y pequeñas, la base del tejido productivo en España.

Muchas se han visto obligadas a despedir a todos sus trabajadores y a echar el cierre.

Son la parte más frágil de todo el tejido productivo y su capacidad para sobrevivir sin ingresos y sin actividad es muy limitada.

Y en esta pandemia el respaldo que han recibido ha sido inferior al desplegado en otras economías.

Las ayudas de Sánchez a las empresas han sido, por ejemplo, seis veces menores que en Alemania y la mitad que en Francia o Italia (medido en tanto por ciento del PIB).

Y el apoyo al tejido productivo será decisivo para activar la recuperación económica.

De momento, e inmersos en una recesión, lo que se puede reflejar la estadística de la Seguridad Social es que el tejido productivo está tocado.

Durante los primeros dos meses de la pandemia (marzo y abril), un total de 142.000 empresas dejaron de cotizar a la Seguridad Social.

A medida que fueron avanzando las fases del desescalamiento por distintas partes de España, en mayo, junio y julio, la actividad empresarial comenzó a reactivarse.

Y en este periodo la Tesorería de la Seguridad Social recuperó cerca de 55.644 empresas cotizantes.

Esto se traduce en que el sistema ha perdido casi 90.000 compañías respecto a las que tenía en febrero, el mes anterior a que se declarara la pandemia.

Así lo reflejan los datos de la estadística de códigos de cuenta de cotización que elabora mensualmente la Seguridad Social.

Un indicador de la marcha de la actividad empresarial y de cómo marchan los ingresos del sistema.

 Afectado por un déficit de unos 18.000 millones y una deuda que este año alcanzará los 100.000 millones.

Antes y después de la pandemia

Habrá un antes y un después del 12 de marzo de 2020 en el mercado laboral español.

Desde entonces se ha desandado mucho de lo avanzado en los últimos años, un revés sin precedentes de todos los indicadores económicos.

Las cifras de la Seguridad Social reflejan que la cifra de empresas que cotizan está situada hoy en 1.403.578, la más baja desde 2014, el año en el que la economía española comenzó a crecer.

Los datos que elabora el departamento que dirige José Luis Escrivá son solo un anticipo del impacto que tendrá la pandemia en el mercado de trabajo.

Una realidad que no se conocerá hasta que concluya la vigencia de los ERTE por fuerza mayor, que afectan todavía a cerca de un millón de trabajadores y volverán a prorrogarse.

Hoy los servicios de empleo pagan prestaciones a casi cinco millones parados, los casi 3,8 millones registrados, que son los que ya estaban en desempleo.

Desempleados antes de la crisis sanitaria y los que perdieron su empleo desde entonces y los afectados por regulaciones temporales.

En este último caso no trabajan, pero siguen cotizando a la Seguridad Social porque su empleo solo está suspendido.

En mayo se alcanzó el nivel máximo de protección con casi seis millones en el desempleo.

Son ya muchos los empresarios, economistas y analistas que ya aventuran un aumento de las quiebras si esta protección no se extiende hasta finales de año.

Especialmente en el sector turístico, machacado por la pandemia.

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Fuente: Abc.es

Close-up Of Businesspeople With Files Sitting On Chair

El empleo rebota con fuerza en julio: Crece en 161.000 personas

El empleo ha rebotado con fuerza en julio. Ya en los dos meses anteriores se habían vivido avances sobre el desplome de marzo y abril, pero estas ganancias estaban muy lejos de lo que suele ser habitual en mayo y junio.

Julio, en cambio, ha registrado unos números que mejoran con mucho los julios de años anteriores. La Seguridad Social ganó 161.217 afiliados de media, en la mayor subida desde 2005. Y el paro, por su parte, se redujo en 89.849 personas, según los números de los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social conocidos este martes.

A primera vista, estos dos datos son buenos. Pero cabe un matiz muy grande: no son suficientes para recuperar todo lo perdido por la pandemia. Julio, con 18,78 millones de afiliados medios, todavía contó casi medio millón menos que en febrero, el último mes que podría considerarse precovid-19.

Y si la comparación se hace con la cifra de hace un año, la distancia es de casi 750.000 menos que en el mismo mes del año anterior. El paro registrado, por su parte, cuenta con 3,77 millones de desempleados, 761.000 más que hace un año. “La situación de partida era muy mala y es lógico el rebote”, ha explicado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo.

El verano ha comenzado y el mercado de trabajo está recuperando alguna de las constantes que suele mostrar, entre ellas la estacionalidad del empleo veraniego.

La hostelería, la sanidad y el comercio, las ramas de actividad que suelen ganar empleo en verano, lo han hecho este julio. Pero, probablemente, mucha de esta importante ganancia de afiliación en el mes pasado se deba a contrataciones retenidas en los meses anteriores y que en circunstancias normales se habrían hecho antes.

Erte

Por su parte, en los ERTE todavía había 1,18 millones de afectados el último día del mes pasado. La cifra está muy lejos del máximo alcanzado a finales de abril y comienzos de mayo, cuando se marcó el techo de 3,4 millones de afectados.

Sin embargo, en julio se observa también que ha bajado el ritmo por el que las empresas empiezan a recuperar a los trabajadores de estos expedientes. Si en junio la reducción fue de casi 1,2 millones en un solo mes, ahora la rebaja ha sido prácticamente la mitad, algo más de 600.000.

Esta precisamente es ahora una de las incógnitas a despejar para ver hasta dónde llega la recuperación iniciada. La clave estará en ver cuántos de esos casi 1,2 millones de los que todavía están afectados por ERTE regresan a sus puestos de trabajo.

También servirá para conocer la magnitud final del golpe al empleo en actividades como el turismo, el comercio o el transporte que todavía tienen a centenares de miles de trabajadores afectados (solo en servicios de alojamiento y de comida hay unos 350.000) y en provincias y comunidades como Baleares y Canarias.

No se salvarán todos. Eso parece claro, aunque para saberse tenga que pasar tiempo y aclararse qué sucede con la regulación especial (y las ayudas) que ahora tienen los ERTE.

En principio, hay una prórroga hasta el 30 de septiembre y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha declarado en más de una ocasión que son un mecanismo que funciona y no ve razón alguna para dejarlo caer.

Banco de España

Sin embargo, ya empiezan a oírse voces, como del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que reclamó ir siendo más selectivos con las ayudas para no sostener artificialmente “empresas y sectores zombie” y permitir el ajuste propio de toda crisis.

El contraste de estos números con los de la encuesta de población activa (EPA) del segundo trimestre obedece a varios motivos. Las cifras de este martes y la EPA conocida la semana pasada son estadísticas distintas.

Toman la temperatura del mercado laboral en momentos muy diferentes. Una lo hacía sobre el peor momento para la actividad económica de la pandemia: la EPA es una encuesta cuyo trabajo de campo se desarrolla durante 13 semanas y sus resultados se acercan más a lo que sucedía en España a mitad de mayo que en este preciso momento.

Los datos de afiliación y paro son de julio, primer mes en el que no hubo estado de alarma.

Otro de los elementos que refleja una cierta vuelta a la normalidad es la cifra de contratos de julio.

Se supera con holgura los 1,5 millones y aunque es un dato mucho menor que el del mismo mes del año anterior (casi el 30%) también supone una vuelta al alto flujo de contratos que se firman todos los meses en España.

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Fuente: Abc.es

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OCDE: Prolongar ayudas públicas al empleo distorsiona el mercado

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que prolongar las ayudas al empleo de manera generalizada podría tener efectos perversos en el mercado laboral.

 “Ahora, el desafío es diferenciar las ayudas”, resumió este martes en una rueda de prensa virtual Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales del organismo con sede en París.

En su extenso informe, la OCDE aconseja mantener las ayudas a las actividades más golpeadas, las que seguirán sufriendo restricciones debido la pandemia, pero a la vez recomienda acompasarlas a la evolución de la economía.

“La duración, enfoque y alcance de los programas de apoyo a las rentas implementados en los primeros meses de la crisis deben ser reexaminados para asegurar que sean sostenibles, que sus efectos sobre los incentivos laborales sean mínimos y que garanticen que el apoyo llegue a los más necesitados”, reza el documento, que analiza el impacto de la Covid-19 en el mercado.

De lo contrario, el organismo teme que estos mecanismos, pensados para evitar una destrucción masiva de empleo al inicio de la crisis, acaben por generar distorsiones y entorpecer la recuperación. Por ello, aconseja eliminar, en la medida de lo posible, la rigidez que han introducido en el empleo de modo que “los mecanismos del mercado laboral vuelvan a funcionar” y se evite “incentivar trabajos que se han vuelto permanentemente inviables”.

El documento menciona que hasta 22 de los 38 países de la OCDE contaban con sistemas de protección del empleo antes de la llegada da la pandemia, que han ampliado y adaptado a las nuevas circunstancias, y otros 10 introdujeron nuevas herramientas para responder al desafío. “Una pregunta clave es si los beneficios más generosos, al reducir los incentivos de búsqueda de empleo, pueden empeorar los resultados del mercado laboral y retrasar la recuperación”.

Caso España

En España, el gran protagonista en este campo han sido los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Al inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno flexibilizó esta figura, que ya existía en la legislación: amplió su alcance a aquellos empleados que no tuvieran cotizado el tiempo suficiente para acceder a la prestación y concedió bonificaciones a las empresas en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de sus plantillas. Hasta el momento, los ERTE han evitado un derrumbe mayor del empleo (han dado cobertura a más de tres millones de trabajadores) y el Ejecutivo ha decidido prolongarlos del 30 de junio previsto inicialmente hasta el 30 de septiembre, a través de un sistema de bonificaciones decreciente que premia las reincorporaciones del personal.

En mayo, según la OCDE, este instrumento representó en España un 18% del total de sueldos y salarios. Para el Estado, la factura de los ERTE rondará los 25.000 millones hasta septiembre, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha avanzado que no descarta prolongarlos hasta 2021 para los sectores más afectados. El mismo Banco de España recomendó mantener algún apoyo, por un tiempo adicional, a las empresas con más dificultades, ante unas previsiones aún inciertas.

Actividades como la hostelería y más en general el turismo, que en España supone el 12% del PIB, seguirán a medio gas debido a las restricciones sanitarias, además de poder verse golpeadas por cambios permanentes en los patrones de consumo.

La OCDE recuerda que este año será muy aciago en el ámbito laboral. Su escenario más optimista contempla al cierre de 2020 un promedio de la tasa de paro del 9,4% para los países miembros, que en España será del 19,2%. Si hay rebrote, el desempleo alcanzará el 12,6% en la OCDE y el 20,1% en España.

Sector desfavorecido

No todos, sin embargo, sufrirán el golpe con la misma virulencia. Esta crisis, que parece ser completamente distinta a las demás, comparte con ellas un mismo atributo: se ceba con los más vulnerables. La OCDE advierte que mujeres, jóvenes, trabajadores temporales y, en general, de bajos ingresos, se están llevando la peor parte. Durante el confinamiento, los empleados con salarios más elevados tuvieron en promedio un 50% más de probabilidades de seguir con su actividad desde casa que los de bajos ingresos, que a su vez tenían el doble de posibilidades de tener que dejar de trabajar por completo.

En el caso de las mujeres, la OCDE señala que, a diferencia de la crisis anterior, esta “parece haber afectado las perspectivas laborales de las mujeres más duramente que las de los hombres”. En la UE, por ejemplo, la tasa de desempleo femenino aumentó un 4,5% en abril frente al 1,6% de los hombres. Además, muchas de las industrias más directamente afectadas por la pandemia emplean a mujeres, mientras que la crisis financiera mundial se cebó con sectores dominados por el empleo masculino como la construcción y la manufactura. El cierre de escuelas y guarderías también puede estar aumentando la carga laboral no remunerada de las mujeres, que ya antes de esta crisis dedicaban de media dos horas más al día a las tareas domésticas con respecto a los hombres.

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Fuente: Elpais.com

26-6-2020

Gobierno y agentes sociales acuerdan prorrogar los ERTE

El Gobierno y agentes sociales han acordado prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Previsiblemente, este viernes se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el real decreto.

Según explican en un comunicado conjunto la CEOE y Cepyme, ambas organizaciones han aceptado la última propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo al considerar que “presenta importantes avances respecto a la propuesta inicial”.

No obstante, añaden que seguirán negociando para que la prórroga no acabe en esa fecha y abordar cómo se afrontará la disposición de los ERTE el último trimestre del año, “siempre con el deseo compartido por las partes de que para entonces se haya recuperado toda la actividad posible”, afirman.

Por su parte, los sindicatos también han dado su visto bueno. En CCOO, su secretario general, Unai Sordo, ha destacado que se introducen importantes novedades como facilitar el transito de los ERTE por fuerza mayor o los de causas objetivas, o prever las condiciones en caso de rebrote. Además, ha valorado de forma muy positiva del acuerdo, asegurando que ha sido “muy trabajado” y que lanza un “mensaje de confianza a la sociedad española”.

Agentes sociales piden activación de empleos

En UGT han apelado a la responsabilidad del Gobierno y de los empresarios para que “hagan todo lo posible para restituir, cuanto antes, el empleo hibernado y a fin de evitar abusos o una mala utilización de los ERTE.

Además, han recordado que con este acuerdo se garantiza el mantenimiento de millones de empleos, aunque reconocen que hubieran preferido que fuera hasta el 31 de diciembre.

Este próximo 30 de junio expiraba el plazo, con lo que tanto desde el ministerio liderado por Yolanda Díaz como desde la patronal y los sindicatos se había estado trabajando las últimas semanas para llegar a un punto de encuentro y lograr que los ERTE se mantuvieran durante más tiempo.

La propuesta acordada este jueves incluye un esquema de exoneraciones inferior al vigente. Además, las ventajas se extienden a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Asimismo está previsto que, en caso de rebrotes que tengan impacto sobre las empresas, también haya exoneraciones.

“Las medidas de protección a personas trabajadoras y empresas se adaptarán al contexto actual para seguir acompañando a los sectores más afectados”, han señalado desde el Ministerio de Trabajo. Según los últimos datos conocidos, aún hay 2,4 millones de trabajadores acogidos a un ERTE.

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Fuente: Bolsamania.com

24-6-2020

Países europeos bajan impuestos y alargan los ERTE

La mayoría de los países europeos -salvo España- centran en la bajada de impuestos y la prolongación de los Ertes sus estrategias para evitar una recaída económica en la crisis del coronavirus.

Alemania baja impuestos. Italia acaba de anunciar que también lo hará. Todos alargan los Ertes. Francia prevé incluso ayudas directas a los trabajadores. En España sucede lo contrario. Aún no hay acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales -patronal y sindicatos- para prolongar los expedientes temporales de empleo. El Ejecutivo español rechaza cualquier bajada fiscal y plantea varias subidas. Además, las ayudas fiscales españolas son las menores de los países del entorno.

El plan fiscal español, entre aplazamientos y suspensión de impuestos, no llega al 0,9% del PIB, mientras los países del entorno sitúan su estímulo en torno al 10% de media. Italia ha aprobado una movilización del 13,2%, mientras Portugal lanzó un estímulo del 11,1%, Francia del 8,1% y Alemania del 7,3%.

Aparte de estos paquetes, Roma acaba de anunciar un plan para reactivar el consumo y frenar el crecimiento del desempleo y así evitar “el estallido de una crisis social en otoño”. El primer ministro italiano Giuseppe Conte se ha fijado en Alemania y ha asegurado que su Ejecutivo trabaja ya en una bajada de impuestos. Además, ha firmado ya la prórroga de los Ertes hasta final de año. Por su parte, la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, aún no ha llegado a un acuerdo para prolongar los expedientes laborales, como exigen los agentes sociales.

En la línea alemana

El plan italiano que busca el primer ministro Conte quiere copiar el alemán y reducir el IVA, al menos durante algunos meses. El mandatario confirmó que el Gobierno “está estudiando” una reducción de este impuesto por un valor de hasta 10.000 millones de euros, lo que implicaría un recorte de tres puntos. Alemania, que sin embargo tiene muchos más recursos fiscales, ha previsto una intervención parecida en el segundo semestre del año.

Por sorpresa, el único que apoya la reducción del IVA es el líder de la oposición Matteo Salvini, mientras el ministro de Economía, el socialdemócrata Roberto Gualtieri, y el Gobernador del Banco de Italia Ignazio Visco preferirían una “reforma global” de los impuestos, empezando por una reducción del IRPF o de la cuña fiscal sobre el trabajo.

El debate político sobre el tema se espera largo y finalizará sólo en septiembre cuando Italia tendrá que concretar frente a Europa las medidas económicas. Con la ocasión de la asignación de fondos europeos, Roma tendrá que elaborar un plan de reformas con medidas de estímulo más allá de un recorte del IVA. El Gobierno ha presentado la semana pasada sus propuestas, basadas en el informe del comité de economistas y directivos liderado por Vittorio Colao, a los agentes sociales.

Durante el verano intentará integrar los diferentes puntos de vistas y tener listo en septiembre su “Plan de recuperación”, según ha explicado Conte.

Empleo

Mientras tanto el Gobierno italiano, igual que sus homólogos en París y Berlín intenta poner un parche inmediato a los problemas de empleo. Gualtieri ha anunciado que las medidas sobre los ERTE, así como el bloqueo a los despidos se extenderán hasta diciembre. “Tenemos ahora que manejar esta transición entre la crisis y la recuperación. Por esto extenderemos estas medidas. Luego para fomentar el empleo y evitar los despidos, encontraremos otras medidas adecuadas para una situación más normal” aclaró el ministro transalpino interviniendo en un programa de televisión.

El modelo de Italia es Alemania, la mayor economía industrial del Continente y el principal competidor de las empresas transalpinas en varios ámbitos. Berlín para hacer frente a la crisis ha lanzado un plan extraordinario que prevé movilizar recursos por el 8% del PIB. Entre las otras medidas se han ampliado los requisitos para beneficiar de los dispositivos de desempleo parcial: sólo es necesario que la reducción de horario afecte el 10%de la plantilla (con respeto a un nivel normal del 33%). Al mismo tiempo se extiende la duración de los expedientes temporales hasta 21 meses para las empresas que ya los utilizaban antes de la pandemia. La medida terminará en diciembre.

De momento el país con más medidas es Francia. La ministra de Empleo, Muriel Pénicaud en una entrevista de radio, anunció la semana pasada que su Gobierno estudia extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo “durante uno o dos años”. Según un análisis reciente del Banco Central Europeo (BCE), Francia cuenta con 12 millones de trabajadores en esta situación, frente a los 10 de Alemania, a los 8,5 de Italia y a los 3,9 de España.

Italia debate por qué impuestos debe comenzar el estímulo fiscal

El centroderecha italiano, formado por la derechista Liga de Matteo Salvini, Hermanos de Italia y Forza Italia (partido fundado por Berlusconi y ahora liderado por el antiguo presidente del parlamento europeo Antonio Tajani) rechazó la invitación de Conte a la mesa con los agentes sociales que el Gobierno concluyó el domingo en Roma.

Sin embargo, aceptó reunirse esta semana con el mandatario en Palazzo Chigi (la Moncloa transalpina) para debatir las medidas de estímulo. La derecha italiana está a favor de un recorte de impuestos, la principal medida propuesta por Conte. “Cualquier recorte de impuestos tiene el apoyo de la Liga” ha declarado Salvini.

Mientras tanto el ministro de Economía, el socialdemócrata Roberto Gualtieri, como el Gobernador del Banco de Italia Ignazio Visco preferirían una “reforma global” de los impuestos, empezando por una reducción del IRPF o de la cuña fiscal sobre el trabajo. El debate político finalizará en septiembre, cuando Italia presente su plan ante la Unión Europea.

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Fuente: Eleconomista.es

22-6-2020

Gobierno negado a prórroga de forma automática a los ERTE

Sin avances. Así concluyó ayer la nueva negociación para la prórroga de los ERTE de fuerza mayor, la figura que está sosteniendo el empleo desde que el Gobierno prohibiera los despidos objetivos y activara esta fórmula de ajuste para sostener el empleo.

El Ejecutivo ha vuelto a rechazar la propuesta acordada por los agentes sociales de replicar este esquema hasta el 30 de septiembre, como paso previo a una nueva prórroga que llegaría hasta final de año.

El principal foco de la prórroga es el planteado por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, partidario de mantener la cobertura a los trabajadores, pero ir disminuyendo la de las empresas. Defiende que hay que ir reduciendo las exenciones a las cuotas progresivamente en julio, agosto y septiembre y primando la reincorporación de jornada frente al mantenimiento de la suspensión. Este esquema es rechazado en rotundo por las empresas.

El vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado a ABC que no tiene sentido recortar los incentivos a los trabajadores que están con el empleo suspendido y primar la reincorporación de trabajadores en una situación como la actual, en la que no está asegurada la demanda, factor capital para la reanudación de la actividad. Recuerda que si una empresa quiere contratar es porque puede hacerlo. «Ahora es clave mantener las ayudas», dijo.

Exenciones ERTE

El Gobierno ha planteado que los trabajadores que siguen en ERTE, en empresas que tienen menos de 50 trabajadores, la exención en julio fuera del 35%, en agosto del 25% y en septiembre del 15%. Si la empresa supera los 50 trabajadores, las exenciones se reducían al 20%, 10% y 5% para los respectivos meses. Esto suponía una fuerte reducción, pues en los ERTE por fuerza mayor de marzo se estableció una exoneración del 75% para las empresas con más de 50 trabajadores y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores.

Estas exenciones se mantuvieron en mayo y junio, aunque se fijaron nuevos porcentajes para los ERTE que incorporaran trabajadores. Las exenciones se situaron entre el 45% y el 85% para los trabajadores que volvieran entre mayo y junio. También esos porcentajes se rebajan en la propuesta del lunes. Las empresas con menos de 50 trabajadores tendrían una exoneración del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre; mientras que las de mayor tamaño se movían entre el 35%, el 25% y el 15%.

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Fuente: ABC.es

16-6-2020

Ministerio de Trabajo reduce bonificaciones a los futuros Ertes

El Ministerio de Trabajo dejó caer a los agentes sociales, especialmente a la parte empresarial, que legislará por su cuenta si no se cierra un acuerdo en la ampliación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Ertes), según explican fuentes de los negociadores.

La Comisión Tripartita adelantó su día de reunión con la intención de buscar un consenso que hubiese permitido alcanzar un consenso que hubiese permitido aprobar el nuevo RDL en el Consejo de Ministros del miércoles.

El conflicto ya no está en el límite de la prórroga, pues los agentes sociales aceptan que la nueva fecha de finalización de los Ertes (en vigor hasta el 30 de junio) se alargue hasta el 30 de septiembre, entre otras cosas porque el Ministerio de Trabajo insiste en que no será una fecha rígida, dejando la puerta abierta a que en ciertos sectores y regiones vayan a final de año.

Además, ofrece a los sindicatos que todos los trabajadores afectados seguirán disfrutando de las condiciones extraordinarias de las que gozan actualmente, según consta en un borrador remitido el domingo a los agentes sociales que fue debatido ayer por la tarde en una reunión que continuaba al cierre de esta edición, pero que según los negociadores “pintaba mal”.

Una de las incógnitas que se despeja es que aquellos que estén más de seis meses en un expediente continuarán cobrando el 70% de la prestación (el 100% si es de una plantilla inferior a los cincuenta trabajadores) y no se reducirá al 50% cómo marca la ley, según fuentes conocedoras del borrador.

Estas fuentes apuntan a que el acuerdo está cerca y no hay grandes diferencias entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.

Exoneraciones conflictivas

Sin embargo, el mayor conflicto, según fuentes empresariales, proviene de las exoneraciones a las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores incluidos en un Erte que actualmente disfrutan las empresas.

El Gobierno las mantendrá, aunque con reducciones, tal y como adelantó este diario. Así, el borrador que discutieron ayer mantiene la estructura anterior de primar las cuotas de los trabajadores que ya se hayan reincorporado a su puesto de trabajo según los meses de julio, agosto y septiembre en función del número de empleados de la empresa. Para las de menos de 50 trabajadores, el 60%, 50% y 40% respectivamente a cada mes y para los de más de 50, la rebajad sería del 35%, 25% y 15%, para los próximos tres meses hasta septiembre.

En el caso de los trabajadores que todavía sigan cobrando el desempleo, la exoneración será del 35%, 25% y 15% para los tres meses en empresas de menos de 50 empleados y del 20%, 10% y 5% para las mayores.

Otra de las intenciones del Gobierno es la sustitución de la entidad jurídica de los Ertes de fuerza mayor por los Ertes objetivos (Etop) no ligados al estado de alarma. Sin embargo, las condiciones se mantendrán y se producirá el cambio de forma automática, para que las autoridades laborales no tengan que volver a gestionar medio millón de expedientes. Una automatización que se extendería también al Sepe.

Aunque la ampliación a septiembre y no diciembre se da por hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez mostró su enfado por que no se haya aceptado el final de año, aunque lo explicó en los problemas presupuestarios.

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Fuente: Eleconomista.es

11-6-2020

ERTE aliviada por el paso de Madrid y Barcelona a fase 2

Los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) están más aliviados por la fase 2 de la desescalada en Madrid y Barcelona, las dos áreas más sensibles de la pandemia pero también las de mayor peso en empleo en sectores como la hostelería o el comercio, ha supuesto la incorporación al trabajo de alrededor de 326.000 personas, según datos facilitados por las principales patronales de ambos sectores.

En el caso del comercio, en España hay cerca de 14.000 tiendas de no alimentación de más de 400 metros cuadrados (las de menos podían abrir en fase 1 y sin cita previa), que suponen el 30% de la superficie comercial total. Todas estas tiendas estuvieron cerradas dos meses y medio y después se impuso una apertura restringida en fase 1 con una superficie acotada máxima de 400 metros cuadrados hasta el pase a la fase 2.

Los territorios que más tarde han llegado a la fase 2, entre ellos, Madrid y Barcelona, suponen en torno a un 36% del empleo del comercio, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), por lo que unos 117.000 empleados de todo el comercio seguían en ERTE hasta la semana pasada, según Anged, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

Al pasar las dos ciudades de fase muchas grandes cadenas han incorporado la totalidad de sus plantillas al trabajo. Es el caso de El Corte Inglés, el mayor empleador de este país, junto con Mercadona (con una plantilla de más de 90.000 empleados).

Grandes cadenas

El grupo de grandes almacenes presentó un ERTE en marzo para 25.900 empleados, de los cuales ya se han incorporado desde ayer 24.000. Son los trabajadores de los grandes almacenes. Quedan fuera los del área de viajes.

Otras grandes cadenas, como Ikea o Leroy Merlin, que cuentan con plantillas de más de 10.000 empleados, han ido incorporándolos de manera paulatina en esta preparación a la fase 2. Ikea, por ejemplo, que había presentado un ERTE en marzo que afectaba al 83 % de su plantilla en España (unos 8.000 trabajadores), anunció la cancelación total del mismo el 25 de mayo, coincidiendo con las primeras reaperturas de las tiendas de A Coruña, Asturias, Barakaldo, Jerez, Murcia, Sevilla, Zaragoza y Pamplona.

Leroy Merlin, otra de las cadenas con más bolsa de empleo, presentó un ERTE que afectó a 11.000 trabajadores. Todos estaban incorporados ya la semana pasada a las tiendas.

Bares

En el caso de la hostelería, uno de los principales pilares económicos del país, tiene alrededor de 1.700.000 afiliados, de los cuales, en mayo, aún estaban en situación de ERTE 860.000.

Desde Hostelería de España, asociación que agrupa a casi 300.000 bares, restaurantes y cafeterías del país, señalan que actualmente aún hay un 40% de la masa laboral en esta situación de parón temporal, que son unos 580.000 empleados, por lo que, según sus cálculos, se habrían incorporado en este paso a la fase 2 unos 290.000 trabajadores.

Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), calculan que alrededor de nueve de cada 10 autónomos habrán abierto sus negocios antes del viernes 12 de junio, ya con esta España desescalando a dos velocidades (fase 2 y 3). No facilitan datos de trabajadores que han salido de los ERTE pues, “estas incorporaciones se están realizando de manera gradual, en función de las regiones y de la actividad”.

“La incorporación a esta nueva realidad ha ido sucediéndose poco a poco y de manera desigual en todo el territorio. Muchos autónomos abrirán esta semana por primera vez tras tres meses de parón”, señala Lorenzo Amor, presidente de ATA.

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Fuente: Elmundo.es

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Gobierno flexibiliza condiciones para hacer despidos tras los Erte

El Gobierno español ha aceptado a última hora flexibilizar las condiciones para que se puedan realizar despidos en los seis meses posteriores a la finalización de los Erte por causa de fuerza mayor.

En el acuerdo firmado con los sindicatos, CEOE y Cepyme, hay una cláusula que establece que habrá flexibilidad con los sectores en los que hay una alta estacionalidad, como es el caso, por ejemplo, de la hostelería y el turismo.

En concreto, esta cláusula establece que “este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”.

Tanto la hostelería como el turismo se han mostrado muy críticos con el acuerdo, exigiendo que se extendiera hasta final de año, eliminando además la prohibición de hacer despidos, algo que hasta ahora solo estaba justificado si se demostraba una situación de máxima dificultad económica que pudiera arrastrar a las empresas a una quiebra.

En el acuerdo se establece, además, que las empresas y entidades que hayan presentado un Erte y que vayan a reiniciar la actividad “deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada”.

Inconformidad con los Ertes

Pese a todo, la hostelería como el comercio alertan de concursos, quiebras y cierres masivos. Así, Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil Acotex, señala que “la ampliación de los Erte solo hasta el 30 de junio nos parece un grave error y advierte que “es absurdo pensar que no va a haber despidos después de meses sin tener ingresos y con numerosos gastos fijos”.

En la misma línea, Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, reclama que los Erte se extiendan “por lo menos hasta final de año”.

CEOE y Cepyme han insistido en que “el proceso de recuperación en estos casos será lento, más que la propia desescalada, por lo que insistimos en la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad”.

Gerardo Cueva, presidente de Cepyme, ha ido más allá, asegurando que la cláusula del mantenimiento del empleo para las empresas que se acojan a los Erte “puede llevar a la liquidación o al cierre”. Según dice, “habrá que adaptar el acuerdo a la realidad”, reclamando al Gobierno “medidas ambiciosas para mantener el tejido productivo”.

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Fuente: ElEconomista.es