España empieza a hacer los números sobre los 30.000 millones que podrá recibir en subsidios de los Presupuestos de 2021 de la Unión Europea.
Fondos que recibirá para mitigar la crisis económica del coronavirus. La cifra que logró España asciende a unos 70.000 millones en subsidios hasta 2023.
El Ejecutivo quiere destinar buena parte a políticas para recolocar parados, transición ecológica, rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración o infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.
El 70% de las transferencias del fondo de recuperación europeo llegará en cinco pagos antes de finales de 2022.
El primer ingreso no reembolsable será de un 10% de los fondos, y se realizará en cuanto Bruselas haya aprobado el plan de inversiones y reformas que el Ministerio de Economía pretende enviar a mediados de octubre.
Los siguientes desembolsos se harán a razón de dos por año en 2021 y 2022. Es decir, cuatro pagos —uno por semestre— que podrían llegar a rondar un 15% de los fondos cada uno. Así se distribuirá el grueso de los 59.000 millones en subsidios del Fondo de Recuperación, según explican fuentes gubernamentales sobre las negociaciones en Bruselas.
Además, se añadirán otros 12.000 millones en dos años del programa React EU, una especie de fondos estructurales que gestiona la Comisión por proyectos y de los que se ponen por adelantado hasta un 50%.
Estimaciones
Aunque todavía se trata de unas estimaciones en estado embrionario porque el reglamento todavía no se ha cerrado, implica que el Gobierno español podría disponer de hasta 30.000 millones para gastar en los Presupuestos de 2021.
La cifra es el equivalente a lo que se pagó por prestaciones de paro en el peor año de la anterior crisis. Y supondría duplicar las inversiones: el año pasado el conjunto de las Administraciones dedicó 25.372 millones a inversiones. La central destinó 6.885 millones.
No obstante, esa cantidad de 30.000 millones se trata, en realidad, de un máximo. Para alcanzarla, dependerá de cómo se termine de perfilar el reglamento de los fondos. Por ejemplo, todavía no se ha concretado si el 10% de prefinanciación será sobre el total o sobre el 70% prometido hasta 2022.
También será crucial la capacidad del país para poner en marcha los proyectos y cumplir con los plazos. El dinero solo irá llegando conforme se compruebe que las inversiones avanzan. Si no lo hacen, podría suceder que se retengan las transferencias para algunos proyectos.
Por todo ello, a estas alturas es muy difícil dar unos números definitivos. Cualquier cálculo es provisional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta semana que en cualquier caso el techo de gasto de los Presupuestos subiría en una cifra superior a los 20.000 millones gracias a la ayuda europea.
Pagos por cumplimiento
Los recursos del fondo de recuperación europeo se irán dando en función de que se cumplan unos hitos que demuestran que se está trabajando en las inversiones y que, efectivamente, el dinero se gasta.
Esos hitos los pactará el Gobierno con la Comisión y serán la única condición necesaria para recibir los subsidios. O lo que es lo mismo: pese a todo el ruido creado sobre la condicionalidad macro y la imposición de una reforma laboral o de pensiones, Europa solo exigirá durante dos años que se lleven a cabo las inversiones para estimular la economía. Ese ha sido el pacto de caballeros alcanzado.
No se pedirán ajustes hasta que la economía recobre el PIB previo a la pandemia. Y así lo recogen las recomendaciones del Consejo de líderes europeos de junio, que explicitan que España tiene tomar “todas las medidas necesarias” para “sostener la economía y apoyar la consiguiente recuperación”.
Y solo “cuando las condiciones lo permitan” tendría que perseguir “una política fiscal prudente”.
Otra cosa distinta es que más adelante los vientos puedan cambiar. Una parte del Ejecutivo es consciente de que Zapatero inició un gran estímulo fiscal en 2008, tal y como recomendó el G20 de Pittsburgh liderado por Obama.
El reto de gastar estos fondos en unos plazos tan cortos es ingente, admiten fuentes gubernamentales. Hasta tal punto son conscientes de ello que la vicepresidenta Nadia Calviño pidió a su equipo que empezase a trabajar en el plan de inversiones a principios de abril, en plena vorágine legislativa por el confinamiento.
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Fuente: Elpais.es
