Estados Unidos ya estudia la
posibilidad de aprobar aranceles a las exportaciones a su territorio de
aquellos países que consideren aprobar una tasa a los servicios digitales, la
llamada tasa Google. Así lo ha anunciado la Administración del presidente
Donald Trump, lo que deja en el punto de mira a España, que precisamente este
miércoles arranca la tramitación del impuesto en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno aprobó el proyecto de
ley de impuesto a los servicios digitales en la anterior legislatura, pero al
disolver las Cortes para convocar elecciones, decayó su tramitación. Por ello
volvió a aprobarlo hace unas semanas.
En el Ministerio de Hacienda no
planean alterar los planes sobre la aprobación de la tasa Google. Si bien la
idea de la tasa fue del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que la
planteó en 2018 para pagar las pensiones, el PP apoya aprobarla cuando haya un
acuerdo internacional para no penalizar a la inversión extranjera. Algo
parecido ocurre con Vox y Ciudadanos, que también se oponen a aprobar de forma
unilateral el tributo.
Pero la amenaza de Estados Unidos
va más allá de España. En la propuesta de impuestos que hizo la Comisión
Europea la semana pasada para nutrir una futura ampliación del presupuesto
comunitario, se cuenta un impuesto a las tecnológicas. La tasa Google es una
vieja idea internacional para poner coto a la ingeniería fiscal de las grandes
tecnológicas, todas norteamericanas, con Google, Amazon, Facebook y Apple a la
cabeza. Un pulso geopolítico que enfrenta a Europa con Estados Unidos, pero
también a países continentales entre sí.
Respuesta trasatlántica
La Administración Trump ha
anunciado que abrirá una investigación sobre los países que estudian aprobar
impuestos similares. Junto a España, la propia Unión Europea, Italia, India,
Austria, Brasil, República Checa o Reino Unido están en la lista de países a
los que investiga el departamento de Comercio de Estados Unidos por plantear
impuestos similares.
En el último Foro de Davos, sin ir
más lejos, el Gobierno norteamericano amenazó a Reino Unido con imponer
aranceles a la compra de coches británicos si aprobaba el impuesto. En esta
misma cumbre, Francia congeló su proyecto de impuesto ante las presiones de
Estados Unidos.
Hacienda planeaba dejar para el
último trimestre el cobro de la tasa Google, con la que planea recaudar, a
partir del año que viene, 968 millones de euros. Es decir, para este año no
ingresaría apenas y tendría una función de presión política a la UE y a la
OCDE, que se comprometió a que hubiera una tasa internacional este año, pero lo
ha vuelto a aplazar por enésima vez ante la crisis del coronavirus.
Pulso entre países
La propia Comisión Europea se
planteó, en la anterior legislatura, tener un impuesto continental digital
creado, pero la oposición de Irlanda -que acoge la sede europea de varias de
las grandes tecnológicas-, Suecia, Finlandia y Dinamarca, además del cada vez
más tibio apoyo de Alemania -que en su momento defendió con Francia, España,
Italia y Reino Unido una tasa europea-, terminaron de enterrar el proyecto. Un
viejo plan que ahora ha resucitado para dotar de más recursos al presupuesto
comunitario en la lucha contra la crisis del coronavirus.
La Cámara de Comercio de EE.UU. en
España ya pidió en una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un
mes que paralizara la tasa Google. La idea del Ejecutivo es adaptar el tributo
si hay finalmente un acuerdo internacional.
El impuesto, con un tipo del 3%,
gravará servicios digitales de publicidad online, los de intermediación que
permitan localizar a otros usuarios e interactuar con ellos y los de
transmisión de los datos recopilados de usuarios.
Según el proyecto de Hacienda,
afectará a las multinacionales que facturen más de 750 millones de euros en
todo el mundo y más de tres en España, lo que excluye a empresas como Cabify,
Mercadona o Inditex pero sí a Uber o Telefónica.
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Fuente: ABC.es