España empieza a
hacer los números sobre los 30.000 millones que podrá recibir en subsidios de los
Presupuestos de 2021 de la Unión Europea.
Fondos que recibirá para
mitigar la crisis económica del coronavirus. La cifra que logró España asciende
a unos 70.000 millones en subsidios hasta 2023.
El Ejecutivo quiere
destinar buena parte a políticas para recolocar parados, transición ecológica,
rehabilitación de zonas urbanas deprimidas, digitalización de la Administración
o infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.
El 70% de las
transferencias del fondo de recuperación europeo llegará en cinco pagos antes
de finales de 2022.
El primer ingreso no
reembolsable será de un 10% de los fondos, y se realizará en cuanto Bruselas
haya aprobado el plan de inversiones y reformas que el Ministerio de Economía
pretende enviar a mediados de octubre.
Los siguientes
desembolsos se harán a razón de dos por año en 2021 y 2022. Es decir, cuatro
pagos —uno por semestre— que podrían llegar a rondar un 15% de los fondos cada
uno. Así se distribuirá el grueso de los 59.000 millones en subsidios del Fondo
de Recuperación, según explican fuentes gubernamentales sobre las negociaciones
en Bruselas.
Además, se añadirán
otros 12.000 millones en dos años del programa React EU, una especie de fondos
estructurales que gestiona la Comisión por proyectos y de los que se ponen por
adelantado hasta un 50%.
Estimaciones
Aunque todavía se
trata de unas estimaciones en estado embrionario porque el reglamento todavía
no se ha cerrado, implica que el Gobierno español podría disponer de hasta
30.000 millones para gastar en los Presupuestos de 2021.
La cifra es el
equivalente a lo que se pagó por prestaciones de paro en el peor año de la
anterior crisis. Y supondría duplicar las inversiones: el año pasado el
conjunto de las Administraciones dedicó 25.372 millones a inversiones. La central
destinó 6.885 millones.
No obstante, esa
cantidad de 30.000 millones se trata, en realidad, de un máximo. Para
alcanzarla, dependerá de cómo se termine de perfilar el reglamento de los
fondos. Por ejemplo, todavía no se ha concretado si el 10% de prefinanciación
será sobre el total o sobre el 70% prometido hasta 2022.
También será crucial
la capacidad del país para poner en marcha los proyectos y cumplir con los
plazos. El dinero solo irá llegando conforme se compruebe que las inversiones
avanzan. Si no lo hacen, podría suceder que se retengan las transferencias para
algunos proyectos.
Por todo ello, a estas
alturas es muy difícil dar unos números definitivos. Cualquier cálculo es
provisional. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó esta
semana que en cualquier caso el techo de gasto de los Presupuestos subiría en
una cifra superior a los 20.000 millones gracias a la ayuda europea.
Pagos por cumplimiento
Los recursos del
fondo de recuperación europeo se irán dando en función de que se cumplan unos
hitos que demuestran que se está trabajando en las inversiones y que,
efectivamente, el dinero se gasta.
Esos hitos los pactará el Gobierno con la Comisión y serán la única condición necesaria para recibir los subsidios. O lo que es lo mismo: pese a todo el ruido creado sobre la condicionalidad macro y la imposición de una reforma laboral o de pensiones, Europa solo exigirá durante dos años que se lleven a cabo las inversiones para estimular la economía. Ese ha sido el pacto de caballeros alcanzado.
No se pedirán
ajustes hasta que la economía recobre el PIB previo a la pandemia. Y así lo
recogen las recomendaciones del Consejo de líderes europeos de junio, que
explicitan que España tiene tomar “todas las medidas necesarias” para “sostener
la economía y apoyar la consiguiente recuperación”.
Y solo “cuando las
condiciones lo permitan” tendría que perseguir “una política fiscal prudente”.
Otra cosa distinta es que más adelante los vientos puedan cambiar. Una parte del Ejecutivo es consciente de que Zapatero inició un gran estímulo fiscal en 2008, tal y como recomendó el G20 de Pittsburgh liderado por Obama.
El reto de gastar
estos fondos en unos plazos tan cortos es ingente, admiten fuentes
gubernamentales. Hasta tal punto son conscientes de ello que la vicepresidenta
Nadia Calviño pidió a su equipo que empezase a trabajar en el plan de
inversiones a principios de abril, en plena vorágine legislativa por el
confinamiento.
Te puede interesar: “Apple gana la batalla a la UE y se libra de 13.000 millones de impuestos”
Fuente: Elpais.es
